La designación del nuevo fiscal general de Venezuela en 2026 marca un momento pivotal en la evolución política del país, especialmente tras la renuncia de Tarek William Saab y el nombramiento interino de Larry Devoe. Este cambio no solo refleja las dinámicas internas del chavismo bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, sino que también reaviva el debate sobre si las instituciones judiciales priorizan la lealtad política sobre el mérito profesional. En un contexto de transición y presiones internacionales, esta decisión podría influir en la percepción de independencia judicial y en las relaciones con actores globales clave.

Contexto de la renuncia de Tarek William Saab
Tarek William Saab ocupó el cargo de fiscal general desde 2017, un período marcado por acusaciones de persecución política contra opositores y figuras disidentes. Su renuncia, anunciada en una carta dirigida a la Asamblea Nacional, se presentó como un acto de cumplimiento honorable de su deber, coincidiendo con la dimisión simultánea del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Este doble movimiento vacante generó un procedimiento constitucional claro: la formación de un comité de postulaciones seguido de una votación parlamentaria para designar interinos y permanentes.
Saab, un jurista chavista de larga trayectoria, transitó rápidamente a un rol temporal como Defensor del Pueblo, lo que algunos analistas interpretan como una rotación interna más que una verdadera renovación. Durante su gestión, la Fiscalía acumuló miles de casos relacionados con corrupción y violaciones a derechos humanos, aunque críticos señalan que la mayoría de las investigaciones apuntaron selectivamente a adversarios del gobierno. Estadísticas oficiales indican que entre 2017 y 2025, se procesaron más de 15,000 denuncias por corrupción, con un índice de condenas superior al 90% en casos políticos sensibles.
Perfil de Larry Devoe, el fiscal interino
Larry Devoe emerge como la figura temporal al frente de la Fiscalía General, un nombramiento que resalta su cercanía al núcleo del poder chavista. Abogado de formación y con experiencia en roles jurídicos gubernamentales, Devoe ha ganado relevancia reciente como miembro de la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz, impulsada por Delcy Rodríguez en enero de 2026. Esta instancia busca promover el diálogo nacional, aunque opositores la ven como un mecanismo de control político.
Devoe participó activamente en la redacción de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, un instrumento que el gobierno promociona como gesto de reconciliación, pero que organizaciones de derechos humanos critican por su alcance limitado. Su trayectoria incluye posiciones en entes judiciales menores, donde se le atribuye un enfoque leal a las directrices del partido. En los primeros días de su interinato, Devoe ha prometido agilizar investigaciones pendientes, priorizando temas como la corrupción en el sector petrolero, que representa más del 90% de las exportaciones venezolanas.
| Aspecto | Detalles de Larry Devoe | Comparación con Saab |
|---|---|---|
| Trayectoria | Abogado chavista, roles en comisiones recientes | Fiscal desde 2017, exdiputado |
| Nombramientos clave | Comisión Convivencia Democrática, Ley Amnistía | Gestión de casos políticos masivos |
| Enfoque declarado | Diálogo y anticorrupción selectiva | Persecución opositores |
| Duración esperada | Interino hasta designación permanente | Nueve años en cargo |
Proceso constitucional de designación
La Constitución venezolana establece un mecanismo preciso para estos nombramientos. Tras las renuncias, la Asamblea Nacional, dominada por el PSUV, forma un comité ad hoc que postula candidatos. Posteriormente, se elige al titular por mayoría calificada, con un interino asumiendo funciones inmediatas. Para mayo de 2026, se espera la designación definitiva, coincidiendo con el fin del período anterior.
Este proceso ha sido cuestionado por su falta de pluralismo, ya que el Parlamento oficialista controla todas las etapas. En sesiones recientes, se debatió la inclusión de perfiles independientes, pero la votación favoreció opciones alineadas. Datos parlamentarios muestran que en los últimos cinco años, el 100% de altos cargos judiciales han sido designados sin oposición significativa.
Claves de la designación en el panorama actual
La elección de Devoe responde a varias claves estratégicas. Primero, consolida el control del Ejecutivo sobre el Ministerio Público en un año de presiones económicas, con sanciones internacionales que afectan el PIB venezolano, estimado en una contracción del 5% anual. Segundo, alinea con la narrativa de «renovación institucional» promovida por Rodríguez, quien asumió la presidencia ejecutiva tras eventos turbulentos.
Tercero, busca proyectar estabilidad ante inversionistas extranjeros como Chevron y Repsol, que han incrementado operaciones petroleras. La Fiscalía bajo Devoe podría enfocarse en auditorías que limpien la imagen del gobierno, aunque sin tocar núcleos de poder. Cuarto, el timing coincide con diálogos regionales, donde un fiscal «moderado» facilita amnistías selectivas.
Debate sobre meritocracia en la justicia venezolana
El nombramiento de Devoe intensifica el debate sobre meritocracia. Organizaciones como Justicia y Paz y Cepaz denuncian una «rotación de poder» en lugar de selección basada en competencias. Argumentan que el nuevo fiscal, al provenir de círculos afines, carece de independencia para investigar crímenes de lesa humanidad imputados a altos funcionarios.
Históricamente, la meritocracia judicial en Venezuela ha sido erosionada por politización. Antes de 1999, fiscales eran elegidos por exámenes públicos; hoy, la lealtad prima. Un estudio de Transparencia Venezuela revela que el 85% de designaciones en el Poder Judicial desde 2015 responden a afinidad política, no a currículos destacados.
| Criterio | Meritocracia ideal | Realidad venezolana |
|---|---|---|
| Selección | Exámenes y trayectoria | Votación parlamentaria |
| Independencia | Autonomía total | Lealtad al Ejecutivo |
| Transparencia | Listas públicas | Comité cerrado |
| Resultados | Casos resueltos imparciales | 90% condenas políticas |
Críticas desde la oposición y sociedad civil
La oposición venezolana, fragmentada pero vocal, ve en Devoe una continuidad de la persecución. Líderes exiliados cuestionan si un fiscal chavista investigará violaciones sistemáticas documentadas por la ONU. Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, advierte que sin independencia, no hay atractivo para inversiones genuinas.
Sociedad civil exige condiciones: publicación de currículos, audiencias públicas y veto a señalados por corrupción. Encuestas informales muestran que el 70% de venezolanos duda de la imparcialidad judicial, impactando la confianza institucional.
Implicaciones para derechos humanos
La Fiscalía interina hereda un legado controvertido. Bajo Saab, se registraron más de 20,000 detenciones políticas desde 2017, según Foro Penal. Devoe promete revisiones, pero analistas temen que la amnistía favorezca a chavistas mientras opositores languidecen. Informes internacionales destacan que un fiscal meritocrático podría abrir vías a verdad y reparación.
Relación con el sector económico y sanciones
En 2026, con alivio parcial de sanciones, la Fiscalía juega un rol clave. Casos de PDVSA involucran miles de millones en sobornos; una gestión creíble aceleraría flujos de capital. Sin embargo, sin meritocracia, empresas como ExxonMobil hesitan, prefiriendo entornos judiciales predecibles.
Posibles candidatos permanentes
Para la designación definitiva, se mencionan juristas como figuras de la Comisión de Convivencia o académicos chavistas. Perfiles independientes son improbables dada la aritmética parlamentaria. El debate se centra en equilibrar lealtad con aparente competencia técnica.
Retos para el nuevo fiscal general
Devoe enfrenta desafíos inmediatos: backlog de 50,000 casos, presión por transparencia en elecciones y auditorías petroleras. Lograr condenas contra corruptos internos probaría meritocracia; fallar, confirmaría sesgo.
Perspectivas internacionales
Países como Estados Unidos y la Unión Europea observan. Un fiscal independiente facilitaría diálogos; la continuidad chavista, más sanciones. Brasil y Colombia, vecinos clave, urgen reformas judiciales para migración y comercio.
Impacto en la convivencia nacional
La designación podría catalizar diálogo si prioriza justicia inclusiva. Sin meritocracia, profundiza polarización, con un 60% de la población según sondeos percibiendo sesgo institucional.
Hacia una justicia renovada
Aunque el interinato de Devoe estabiliza, la designación permanente definirá si Venezuela avanza hacia meritocracia. Exigir transparencia y competencias es crucial para legitimidad.
En resumen, la designación del nuevo fiscal general encapsula tensiones entre poder y profesionalismo. Solo una selección basada en mérito restaurará fe en las instituciones, pavimentando reconciliación en un país fracturado.

Allison Walsh es periodista y redactora especializada en noticias internacionales y actualidad digital. Con un enfoque en información clara y verificada, cubre temas globales para mantener a los lectores informados con contenido confiable y relevante.